Grupos importantes de estudiantes de la Universidad de Antioquia se han pronunciado públicamente, por medio de protestas y a través de la prensa, sobre la actual situación de la Institución, sobre las que consideran sus causas estructurales y coyunturales, y sobre posibles soluciones. Esos pronunciamientos tienen algunos contenidos comunes que este Consejo se permite resaltar. Contextualizan la situación actual de la Universidad en relación con la supervivencia histórica de causas, entre las cuales aluden al modelo de sociedad, al modelo actual de universidad, a la desatención gubernamental en relación con la educación pública, a los inveterados enemigos de la universidad pública, y a los que hacen caudal político con sus crisis, y, sobre la base de esa contextualización, consideran que los sucesos actuales son contingencias. Igualmente, llaman la atención sobre el diferente trato que para efectos de las soluciones se debe dar, tanto a los problemas fundamentales como a los emergentes.
También promueven análisis que superan el significado de la Tarjeta Integrada Personal, TIP, compartiendo en parte la medida, aunque no algunas de sus consecuencias. Se adentran en la conveniencia de superar las situaciones actuales de la Universidad al reconocer la necesidad ética y política de establecer diferencias y límites entre las acciones propiamente políticas, los actos de violencia, la venta de drogas psicoactivas y la proliferación de ventas. En consecuencia con esa delimitación y con este deslinde, promueven la necesidad de aplicar tratos diferentes para cada uno de estos problemas, en contraste con quienes, sin el beneficio de la distinción, promueven tratos represivos indistintos.
Estas acciones y estos pronunciamientos tienen, además de contenidos, características comunes. Así, por ejemplo, sus emisores hacen pública su identidad y se responsabilizan de sus contenidos, inclusive cuando se presentan en medios televisivos; reivindican el carácter político de sus pronunciamientos y el carácter pacífico de su protesta, y promueven las soluciones concertadas y las decisiones vinculantes.
Para el Consejo Académico no cabe duda de que estos grupos forman parte de lo que se llama la ASAMBLEA ESTUDIANTIL, y que, aunque no representen a la mayoría de los estudiantes, constituyen un actor político que, en la medida en que mantengan la coherencia de sus acciones en relación con los principios y con los procedimientos básicos que enuncian, se autorizan ellos mismos para convertirse en interlocutores legítimos, no sólo para la solución del problema coyuntural por el que estamos atravesando, sino para la discusión y la provisión de soluciones a problemas estructurales. Aunque ellos no constituyan lo que tradicionalmente se conoce como MOVIMIENTO ESTUDIANTIL, en su actitud se gesta la base segura del fortalecimiento gremial y de la legitimación política de aquel. El Consejo tampoco duda de que en esa dirección se debe seguir, porque el fortalecimiento de la organización estudiantil y la legitimidad de sus acciones convienen, no sólo para la gobernabilidad de la Universidad, sino también para dar pleno sentido a su talante democrático.
El expreso reconocimiento de esas actitudes no debe entenderse como una cooptación o como inducción de comportamientos políticos, porque este Consejo se acoge a un principio básico de la democracia, según el cual se deben respetar los fueros políticos de los procedimientos gremiales, aunque puedan ser criticables. En este caso, se trata simplemente de constatar de manera pública que, aunque existan desacuerdos para discutir, se observan coincidencias en los procedimientos para la discusión. Y esto, que para algunos puede parecer mínimo, para el Consejo Académico resulta un gran avance político que se rescata de las dificultades que nos aquejan por igual a todos los estamentos y a todas las personas de la Universidad. Tampoco es un pronunciamiento deliberadamente intencionado de este Consejo para concitar adhesiones, sino para celebrar que existe el germen de acuerdos mínimos sobre los cuales puedan resolverse problemas, uno de los cuales es inmediato: la apertura de la UNIVERSIDAD en condiciones de sostenibilidad académica, sin las perturbaciones que los hechos violentos, la venta de sustancias psicoactivas y la proliferación de ventas producen.
Sin duda existen posiciones divergentes sobre el deber ser de la Universidad y sobre su situación actual, y, en aras de la claridad, este Consejo hace públicas las suyas, entre las cuales se mencionan algunas de las más importantes: El cumplimiento estricto de la principal misión de la Universidad, cual es proveer el derecho a la educación superior de altísima calidad, teniendo como especial destinatario de ese derecho a los sectores de la población que sólo por razones económicas no podrían tenerlo; crear las condiciones de legalidad y de convivencia para el cumplimiento de esa misión; exigir y buscar la provisión de recursos económicos y administrativos adecuados para realizar la misión; hacer frente a cualquier contingencia reivindicando siempre la institucionalidad y, en consecuencia, la obligatoriedad de los reglamentos sin ninguna distinción de hecho; asegurar la vigencia y la aplicación de la normatividad universitaria en todos los espacios adscritos a su territorialidad legal; garantizar la libertad académica e ideológica sin imposiciones ni amedrentamientos.
Y, en relación con los problemas que hoy constituyen graves perturbaciones de la legalidad universitaria y de la legalidad general, este Consejo tiene posiciones que ya ha hecho públicas, pero que reitera. Asume como irreversible la implementación de la TIP, y lanza un llamado para que ésta se entienda como un instrumento mínimo de seguridad, de uso común en instituciones públicas y privadas de la ciudad, del país y del mundo.
En cuanto al problema del narcotráfico, este Consejo considera que, aunque debe y puede colaborar en su solución, no lo puede resolver la Universidad como institución, ni la comunidad universitaria, no sólo por falta de competencias legales y de capacidades técnicas debido a su carácter de entidad académica, sino también por el hecho de que el reglamento interno resulta inocuo frente a la enormidad del narcotráfico, y porque el sistema de seguridad interno tiene apenas un carácter persuasivo y, si acaso, disuasivo. Sin embargo, la Universidad puede ayudar en la minimización, tanto del consumo que alimenta la venta de drogas, como del daño que produce la adicción, apoyada en un programa eficiente de prevención y de terapias adecuadas, desarrolladas por sus científicos probadamente formados en estos asuntos.
La Universidad también puede resolver otro problema, como el de los “ventorrillos”, con la prohibición definitiva de ellos como lo exigen las normas (Acuerdo Superior 206 del 3 de diciembre de 2001), con su deslegitimación entre la comunidad universitaria, y con el apoyo de bienestar para quienes justifiquen plena y evidentemente sus carencias.
En relación con la protesta atizada por la violencia, es necesario tener en cuenta que aquella tiene unos responsables que pretenden conseguir legitimidad política. El accionar violento tiene, en efecto, un componente que parece difícil de descifrar, pero que resulta simple, si se entiende que se escuda en objetivos legítimos de la protesta política, a la que termina sirviendo mal por las consecuencias contrarias que produce, como la animadversión, la deslegitimación y la derechización política de aquellos a los cuales dice proteger y entre los cuales busca adherencias. Y precisamente la gran víctima política de este accionar violento es el Movimiento Estudiantil, al cual la sociedad en general termina identificando, no con la política, sino con la violencia.
Por ello el Consejo Académico reconoce las actuaciones públicas de este importante grupo de estudiantes, cuyo evidente interés es la normalización de las actividades académicas. La Corporación reitera que estas manifestaciones tienen, además, un significado muy importante, en tanto se basan en el principio según el cual los universitarios podemos resolver nuestros problemas.
Por supuesto, no debemos caer en la fatuidad de creer que estos hechos loables, pero aislados, garantizan una normalidad segura y estable, porque es necesario advertir que estamos llamados a producir cambios cuyas consecuencias no son automáticas, y que este proceso es frágil frente a sobresaltos y a provocaciones producidas para inducir una nueva anormalidad.
El Consejo Académico seguirá reuniéndose en sesión permanente para tratar de concretar acciones que permitan la reanudación de las actividades docentes de la Universidad en condiciones normales y que garanticen la continuidad de todas sus actividades sin ningún contratiempo. En ese empeño está desarrollando una serie de reuniones con todos los estamentos de la Universidad, con el fin de lograr acuerdos democráticamente legitimados, que nos fortalezcan contra toda contingencia en que se corra el peligro de interrupciones de la normalidad académica o de cierres de la Universidad aún más prolongados. Mientras persista el peligro de abrir la Universidad para convivir con actos violentos, con las ventas informales e ilegales que violan el espacio para el estudio, y con el expendio de drogas, no es pertinente exponer a la Institución a decisiones más radicales y a los miembros de la Universidad a violencias más dañinas. Por esa razón está actuando con la prudencia y con la firmeza que el momento exige.
Medellín, 23 de septiembre de 2010
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