Los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia creemos interpretar al profesorado al llamar al estudiantado a las aulas y hacer todo lo posible por el regreso a clases, sin violentar la decisión del estamento estudiantil como un todo y sin deslegitimar la Asamblea General de Estudiantes. Enfatizamos en la necesidad de llamar a formas de participación diferente, de discusión, estudio y elaboración de propuestas alternativas para la educación superior, pero desde las aulas, desde la Universidad, espacio por excelencia para el debate, las propuestas y la discusión conjunta de la problemática de la educación superior. Sin embargo, cuestionamos:
1. Si se va a realizar la consulta que ésta se haga únicamente al estudiantado, pues es el estamento a quien le corresponde esta decisión –recordemos que profesores y trabajadores estamos trabajando– y si se convoca a esta instancia, es el Consejo Académico quien lo debe hacer y no el Consejo Superior Universitario. Posiblemente, del resultado haya forma de convocar a los estudiantes, a hacer análisis juiciosos y retornar a las aulas; las directivas universitarias tienen esa responsabilidad, tal vez sea hora de establecer un diálogo abierto y directo entre éstas y el estudiantado, en cabeza del Señor Rector.
2. Sin duda alguna hay que cuestionar los mecanismos de participación democrática de la Universidad que han demostrado quedarse cortos, ser evidentemente insuficientes para la Institución, pero no es desconociendo a la Asamblea General Estudiantil y su decisión votada, como ello se consiga; esas son reflexiones que deben hacer en conjunto los estamentos con la directiva universitaria, en pleno ejercicio de su autonomía, acorde además con las funciones estatutarias aun vigentes. Parte de las tareas pendientes en la Nueva Ley de Educación Superior, será justamente revaluar las formas de participación de los estamentos y sus órganos de gobierno en su conjunto como la comunidad académica integral que es.
3. Resulta además de suma coincidencia, que el Consejo Superior Universitario decida hacer la consulta general sobre el levantamiento del paro declarado por los estudiantes en la Asamblea General Estudiantil, cuatro días antes de la Consulta Nacional Universitaria sobre la actual coyuntura, creada por el proyecto de ley que reforma la Ley 30 sobre la educación superior. Es claro que la primera consulta desarticula y desvirtúa necesariamente a la segunda; la cual es, reiteramos, de carácter nacional. Nuevamente, las competencias y alcances de esa desafortunada decisión –la consulta virtual propuesta por el CSU–, desconoce los mecanismos de los estamentos que se concertaron desde sus instancias nacionales.
4. Es importante de nuevo preguntar por qué es el Consejo Superior de la Universidad el que ha convocado para la consulta general, y no la Rectoría, cuando se entiende que ésta es la autoridad que tiene más conocimiento y mayor contacto con el quehacer cotidiano del Alma Máter ¿Por qué la vía administrativa –léase Comité Rectoral– no toma decisiones y las autoridades departamentales –léase Gobernación de Antioquia-, sí lo hacen?
5. ¿Será que con esta consulta se busca apaciguar los ánimos de los movimientos gremiales en contra del proyecto de reforma de la Ley 30 o se trata de trazar estrategias que van desde la cancelación del semestre hasta el cierre de la Universidad, con el cual se desactivaría el proceso de rechazo a la Nueva Ley de Educación Superior. Una pregunta tan obvia como: ¿Estaría usted de acuerdo con que se reabra la Universidad de Antioquia y se normalicen las actividades académicas? Tiene una respuesta obvia puesto que todos podrían responder que sí, lo cual oculta y lo que es peor, no resuelve una problemática más grande y compleja, como es la actual privatización de la educación superior.
6. Las movilizaciones y protestas de las universidades del Valle, Pedagógica, Distrital y Pamplona, han sido presentadas por los medios de comunicación como actos vandálicos o hechos violentos, protagonizados por individuos encapuchados, que desvirtúan el proceso organizativo y de movilización a escala nacional de la discusión y el debate opositor a la reforma de la Ley 30, propuesta por el actual gobierno nacional.
7. Dichas movilizaciones junto con las medidas gubernamentales, se inscriben en el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio –TLC– y las condiciones de financiamiento y competitividad, no sólo de la educación sino también de la minería, las industrias extractivo-petroleras, agro-combustibles, entre otras actividades.
8. Seguimos reivindicando como derecho legítimo consagrado por la Constitución Nacional la organización de la protesta contra las medidas del gobierno y el desarrollo de la agenda nacional del movimiento universitario en su conjunto, cuya agenda es: la Consulta Nacional Universitaria –5, 6 y 7 de octubre–, el paro nacional de trabajadores –9 de octubre–, y el paro nacional universitario –12 y 13 de octubre–.
Con todo ello, ¿Será que la consulta general anunciada por el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, es una medida que contribuirá de manera decisiva y democrática a enfrentar y resolver en forma constructiva la actual situación de nuestra Alma Máter? Por sus implicaciones, es pertinente pensar seriamente esta inquietud.
Medellín 29 de Septiembre de 2011
SARA YANETH FERNÁNDEZ MORENO GONZALO MEDINA PÉREZ
Presidenta Secretario
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