El gobierno en las instituciones públicas de educación superior implica la intersección de tres dimensiones de la vida universitaria: la específicamente académica, la política y la pública.
Empecemos esta sucinta reflexión con las dos primeras dimensiones. Los principios que rigen la composición de las comunidades académicas y de los gobiernos político-administrativos en las sociedades contemporáneas, gobernadas por regímenes de democracia política, responden a criterios y especificidades diferentes.
La composición de los gobiernos político-administrativos está regida fundamentalmente por un principio electoral, derivado de la necesidad de seleccionar un cuerpo de gobierno relativamente homogéneo que simultáneamente exprese la heterogeneidad social y permita resolver los conflictos derivados de ella por los canales institucionales. La existencia dual de parlamentos en los que se manifiesta la heterogeneidad y se legisla en virtud de la regla de las mayorías y de gobiernos propiamente dichos, y claramente jerarquizados, en los que se logra una relativa homogeneidad en el momento de las decisiones ejecutivas, constituye el mecanismo más generalizado para evitar que las relaciones de poder derivadas de la heterogeneidad conflictiva de lo social degeneren en contradicciones políticas de tipo bélico, donde impera la lógica amigo-enemigo.
Por el contrario, las comunidades académicas están regidas fundamentalmente por un principio meritocrático, en virtud del cual, mediante concursos de méritos, como son los exámenes de admisión, en nuestro medio, o los concursos para ingresar a la carrera docente, se realiza una selección cualitativa, no cuantitativa como en el principio electoral, para escoger como miembros de la comunidad a los mejores candidatos.
Esta diferencia tajante en los principios rectores de la composición de las comunidades académicas y los gobiernos político-administrativos se desvanece en el funcionamiento interno de cada uno de estos ámbitos, donde los dos principios llegan a combinarse. En otras palabras, la pureza de los principios de composición se pierde en los principios de funcionamiento de estas dos dimensiones de la vida social.
En el caso de los gobiernos político-administrativos, el funcionamiento de la burocracia, de acuerdo con un principio de raigambre weberiana, está regido por el principio meritocrático que caracteriza a la carrera administrativa: dentro del estricto orden jerárquico derivado del principio de composición, donde los más altos cargos en el gobierno son de libre nombramiento y remoción, el ingreso al cuadro administrativo y el ascenso dentro de él debe responder a reglas meritocráticas estrictas, a menos que se recurra a tipos de burocracia patrimoniales, extra-patrimoniales o carismáticos, contrarios a la democracia política. Por consiguiente, el principio electoral que rige el gobierno político-administrativo se combina con el principio meritocrático que rige el funcionamiento de su cuadro administrativo.
En el caso de las comunidades académicas, la necesidad de formar un gobierno universitario para garantizar su funcionamiento institucional, plantea problemas políticos ineludibles. La aplicación estricta y pura del principio meritocrático es irrealizable. Aún si se logra establecer con mínimos criterios de objetividad, cuál es el miembro con más méritos académicos dentro de una comunidad dada, de ello no se puede inferir que sea el de mayores méritos para orientar los destinos de la institución, pues las reglas de funcionamiento del gobierno universitario no corresponden con las reglas de funcionamiento de la producción académica. Incluso en legislaciones como la colombiana, ciertos requisitos exigidos para ser Decano de una Facultad, por ejemplo la calidad de profesor asociado, no son exigidos para ser Rector, como puede observarse en el Decreto 1210 de 1993 que establece el régimen especial de la Universidad Nacional de Colombia. Lo cual no implica que el funcionamiento del gobierno universitario no esté determinado por condicionamientos mínimos derivadas del principio meritocrático que, al menos en teoría, deben constituirse en criterios académicos para el nombramiento y la selección del Rector, como cabeza del gobierno universitario.
Las múltiples heterogeneidades de la comunidad académica y universitaria le exigen a las universidades resolver los dilemas políticos que implican los conflictos y las contradicciones generados por ellas. La diversidad de campos de saber y de paradigmas del conocimiento en las ciencias, las artes y las profesiones convierten el campo académico en un escenario atravesado por relaciones de poder, en el cual no sólo están en juego los capitales culturales, como en forma acertada lo comprendieron Bourdieu y Foucault desde diversas perspectivas, sino capitales sociales y simbólicos que implican estrategias de legitimación dentro de la misma comunidad. En esos términos, no existe una sola academia, sino múltiples academias, en un juego permanente por el control del campo o los campos del conocimiento. La división estamentaria de las universidades, como acostumbra a decirse en la Universidad Nacional, también genera una gama muy amplia de perspectivas sobre la academia, de diferentes miradas, de acuerdo con la posición que se tiene dentro de las relaciones de producción académica y de diferentes posiciones dentro de cada uno de los estamentos, en virtud de intereses también diferenciados con respecto al conocimiento y al sentido que éste adquiere en la vida de los grupos o los sectores que los conforman. Adicionalmente, como en todos los campos sociales, en la universidad se forman grupos de interés, algunos compatibles con el desarrollo de la vida académica y otros no tan compatibles, derivados de afinidades prácticas, confluencias conceptuales, sentimientos y aspiraciones compartidos, identidades de diverso tipo e incluso de posiciones en otros campos sociales, como el específicamente político. Finalmente, en una enumeración que no pretende ser exhaustiva, la misma idea del gobierno universitario y del sentido, la orientación y el significado, que debe tener la respectiva institución universitaria, origina una amplia gama de concepciones que refuerzan la heterogeneidad interna, como podemos verlo en este debate. A pesar de las pretensiones de quienes desearían una comunidad académica homogénea, articulada alrededor de una concepción uniforme de la ciencia, las artes, las disciplinas y la profesiones, donde primara una razón universal y única, “su razón”, las universidades constituyen ámbitos de la diversidad y por ende, espacios inevitablemente políticos, en el sentido amplio del término, constituidos por relaciones de poder.
La naturaleza política del funcionamiento de las comunidades académicas y del gobierno universitario se hace evidente cuando se debe escoger el cuadro directivo de las instituciones. La confrontación abierta o soterrada entre los diferentes sectores que conforman la universidad exige de sus miembros el diseño de mecanismos políticos que faciliten el funcionamiento institucional y no lo entraben. Por el contrario, la negación de este carácter político sólo constituye, como la antipolítica en Carl Schmitt, una de las formas más evidentes y más rudimentarias de hacer política desde la academia. Al igual que en el gobierno político-administrativo de la asociación general, de sociedades regidas por regímenes de democracia política, en las universidades se presenta el problema de lograr la homogeneidad necesaria para la adopción de las decisiones institucionales y otorgarle simultáneamente representación a la heterogeneidad académica. No obstante, el desafío es aún mayor, pues los mecanismos políticos no deberían alterar el principio meritocrático de composición de las comunidades académicas, ni su clara jerarquización estamentaria. Por consiguiente, la democracia académica no puede ser una democracia simple, como la estrictamente política, sino una democracia cualificada, en la que las reglas del conocimiento y la producción del saber se conviertan en criterios determinantes. Otras formas de gobierno como las aristocráticas o las dictatoriales conllevan necesariamente a la negación de la diversidad constitutiva de la universidad moderna y contemporánea.
Las representaciones profesorales, estudiantiles o de trabajadores en lo órganos colegiados, mediante el voto universal, sólo son un mecanismo para darle expresión institucional a la diversidad estamentaria. La composición de los organismos colegiados por los Decanos de las Facultades y los Directores de los Institutos y Centros buscan, asimismo, darle representación en la dirección de las Universidades a los diferentes campos del conocimiento, por tal razón, resulta absurdo que un Decano se convierta prioritariamente en el representante del Rector ante la respectiva comunidad académica y no al contrario. Sin embargo, la verdadera diversidad sólo puede encontrar expresión en los nichos de las comunidades académicas, bajo las formas de espacios deliberativos que realmente tengan incidencia en el devenir de las unidades académicas y de la universidad en su conjunto, y que impidan que la labor de dirección se transforme en el ámbito de reproducción de élites de interés o de formas despóticas de gobierno. Los claustros y la colegiaturas de la Universidad Nacional constituyen un primer, incipiente y defectuoso mecanismo de participación y gobierno, que en su desarrollo puede llegar a garantizar la construcción colectiva de la universidad desde la heterogeneidad, si realmente se le garantiza su incidencia en la orientación de la institución, teniendo en cuenta que la alternativa de los congresos universitarios, donde rige la simple regla de las mayorías, es apropiada para la democracia simple, pero no para la democracia cualificada de la academia.
La dimensión pública de instituciones como la Universidad Nacional obliga a que la formación de consensos en condiciones de equidad y libertad, y de acuerdo con reglas predefinidas, para intentar construir una voluntad común sea un requisito obligatorio para preservar su carácter público y no una prerrogativa discrecional de los cuerpos directivos de turno. Además, encierra una relación conflictiva, de carácter eminentemente político, con el Estado y con su Gobierno. De ella depende la autonomía o heteronomía institucional. Por tal razón, afirmar la pureza académica del gobierno universitario e implícitamente respaldar la presencia mayoritaria de los representantes estatales en su Consejo Superior, escogidos de acuerdo con criterios esencialmente políticos, es un contrasentido evidente. Más aún, cuando ese mismo Consejo Superior nombra al cuadro directivo de la universidad. En forma paradójica quienes dicen defender los principios meritocráticos terminan introduciendo, por la puerta de adelante y a plena luz del día, principios de funcionamiento político, de acuerdo con jerarquías de poder totalmente extrañas a la academia. Por consiguiente, terminan defendiendo que quienes han sido elegidos en virtud de un principio electoral y sus representantes, prevalezcan sobre los académicos escogidos en virtud del principio meritocrático. En nombre de la pureza académica, grupos de interés que no quieren ser sometidos al juicio de sus pares académicos, se erigen en el cuadro de gobierno universitario, por su capacidad para obtener el reconocimiento de las esferas políticas y estatales. Por el camino más perverso, la academia se subordina a la política y no propiamente a la política académica. Al contrario, la dimensión pública exigiría que con autonomía, la comunidad académica, desde sus principios rectores de composición y funcionamiento, le respondiera a la sociedad a la que se debe y que en sus decisiones internas la incidencia del gobierno estatal fuera poco significativa.
En tal sentido, una alternativa de gobierno universitario debería partir de los lineamientos generales definidos por los órganos de participación directa de los diferentes sectores de la comunidad universitaria, pasar por decisiones adoptadas en los órganos colegiados representativos de la comunidad académica y terminar en las decisiones ejecutivas de un gobierno universitario, nombrado autónomamente de acuerdo con mecanismos de participación cualificada, que implicaran un proceso de selección en los claustros y las colegiaturas, o en organismos colegiados del mismo tipo, desde las unidades académicas hasta las instancias nacionales, pasando por las facultades e institutos. Tal propuesta implicaría la afirmación de una autonomía universitaria que ha sido recurrentemente negada en Colombia, tanto por el gobierno nacional, como por élites ilustradas que respondiendo a un principio político oligárquico se consideran a sí mismas como las encargadas de regir los destinos de nuestras instituciones académicas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario